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Leo en un informe que, de acuerdo con los mensajes que la clase política está lanzando, el próximo 2 de enero cualquier ciudadano español que se considere dependiente podrá acudir a los servicios sociales que le correspondan (barrio, municipio, comarca) y solicitar ayuda para sobrellevar su situación.
Parece que inicialmente se habrá de evaluar el grado de dependencia con el “dependenciómetro” en el que ya se está trabajando. A partir de este resultado se procederá a ofrecer una serie de prestaciones por parte de unos operadores (públicos, mercantiles, no lucrativos,..) que habrán sido “homologados” en base a unos requisitos que se tendrán que establecer previamente y a los que se les abonará un importe asimismo predeterminado.
Asimismo se anuncia que existirá el co-pago; es decir el ciudadano tendrá que abonar una cantidad que se establecerá en función de sus ingresos y su patrimonio inmobiliario.
Parece que las comunidades autónomas están haciendo ímprobos esfuerzos por cumplir antes de fin de año con un apretado calendario de trabajo. Sin embargo, se resalta que la red de servicios sociales no parece estar suficientemente preparada para recibir a un masivo y exigente número de ciudadanos –muchos de ellos personas mayores- que demanden el cumplimiento de sus derechos al amparo de la nueva ley.
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En estos pocos meses que restan nuestros políticos tendrán que decidir quién realizará las evaluaciones (el llamado “dependenciómetro”), cómo se homologará a los prestadores de servicios, el sistema de co-pago y asegurar que se aplicarán los mismos criterios para todos en todo el territorio español.
Desde primeros de septiembre hasta el inicio de 2007, sólo restarán 120 días, escaso margen de maniobra para unas administraciones (nacional, autonómica, provincial, comarcal, municipal...) con muy distinto perfil de eficiencia y capacidad de gestión, especialmente en aspectos presupuestarios y económicos.
Y pongamos un ejemplo: en el “carné por puntos”, sólo las dos grandes ciudades –Madrid y Barcelona- parece que trabajan “on line” en la administración de las infracciones, mientras que en el resto del estado se tardan semanas en “descontar” los puntos objeto de sanción, merced
-precisamente- a que las diferentes policías (guardia civil de tráfico, autonómicas, locales...) no están insertas en un sistema “único”.
Y si además, como es previsible, se realiza por el gobierno central una gran campaña de propaganda (y digo “propaganda” y no “publicidad”), puede sobrevenir una enorme avalancha de demandantes de este nuevo servicio, sin que se ofrezca una respuesta rápida, justa y equilibrada para todos.
toni.gil@ono.com
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