La economía sumergida, también llamada “no normalizada”, “no estándar”, “bajo cuerda”, “bajo la mesa”, “de dinero negro”, “de dinero B (de black, en inglés, negro)” y otros múltiples apelativos, consiste en la actividad productiva y de servicios que escapa al control del Estado y por tanto no tiene una expresión formal y, consiguientemente, no tributa al erario público. Estas actividades pueden ser legales, ilegales o alegales y forman un caleidoscópico conjunto de acciones entre las que se incluyen la doble contabilidad, trabajadores sin contratos, tareas sin formalización documental, contrabando, prostitución, entregas dinerarias sin documentos, falta de facturas para evitar el IVA y muchas otras actividades que el ingenio humano es capaz de llevar a cabo para medrar en el mundo económico y social.

     Precisamente por su falta de documentación y de fuentes fidedignas, es muy difícil calcular el montante que supone en el llamado Producto Interior Bruto (PIB). Aun así, algunos Gabinetes de estudio, FUNCAS, Asociaciones de subinspectores de hacienda y otras entidades, han podido determinar una cifra que en el caso de España se estima en un veinticinco por ciento del PIB, es decir, la bonita cifra de 300.000 millones de euros. Esta cifra conlleva que el Estado español, calculando una presión impositiva de alrededor del veinticinco por ciento, deja de recaudar anualmente 75.000 millones de euros. Ahí están las cifras y los hechos.

     A mayor abundamiento, se estima que en momentos de recesión económica, como los que está viviendo nuestro país, la citada cifra aumenta por mor de que una parte de las personas que han pasado al desempleo están abocadas a realizar algunas actividades sin las formalidades que exigen las leyes y normas laborales. Si es así, resulta que en los tiempos actuales la cifra de la economía sumergida en España se acerca al treinta y tres por ciento, con un montante de 400.000 millones de euros fuera de control del Estado y una pérdida de recaudación tributaria de 100.000 millones de euros. Esta última cifra es muy significativa porque, de recaudarse, habría posibilidad de que el Estado español tuviera superávit en los presupuestos anuales y de evitar emisiones de deuda pública tan altas como las que está teniendo últimamente, que están superando el diez por ciento del PIB y que, además, exceden en largo del tres por ciento al que está obligado nuestro país por pertenecer a la Unión Monetaria Europea y al Euro.

     Esas son las cifras; y también es bueno recordar que algunos países, como Italia y Grecia, por ejemplo, nos superan en economía sumergida; no así los países nórdicos y centroeuropeos, en los que el tamaño del sector sumergido no supera el diez por ciento.

     Igualmente quisiera recordar que existe el llamado “nuevo IPC”, en este caso el “Índice de Percepción de la Corrupción”, que elabora un organismo no gubernamental llamado International Transparency, y en el que se incluyen los hábitos no demasiado éticos de usar sobornos, cohechos, connivencias, regalos y algún que otro círculo dinerario para conseguir resoluciones y contratos en el sector público o en las grandes empresas. Este nuevo IPC estudia a más de ciento ochenta países, y otra vez los nórdicos están calificados con una puntuación cercana al 9,50, en una escala del 1 al 10, en la que España aparece calificada con un 6,60 y en un lugar algo incómodo.

     Como siempre, las cifras, de ser ciertas, hablan por sí mismas.